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ACCION DE CESACION

Escrito por abogados el . Publicado en ADMINISTRACION FINCAS, CONCEPTOS LEGALES

Explicamos cómo funciona la acción de cesación de la Ley de Propiedad Horizontal contra los vecinos molestos

La Ley de Propiedad Horizontal, prevé un mecanismo (art. 7.2), conocido como <<acción de cesación>>, con el que se trata de preservar a la Comunidad cuando un propietario u ocupante de piso, local, etc. desarrollan en el mismo o en el resto de zonas del edificio actividades prohibidas en los estatutos (título constitutivo), que resulten dañosas para la finca o que contravengan las disposiciones generales sobre actividades molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas.

La fórmula consiste en que, en primer lugar, el presidente de la comunidad, a iniciativa propia o de cualquiera de los propietarios, requiera a quien realice las precitadas actividades para el cese inmediato de las mismas, con el  apercibimiento del inicio de las correspondientes acciones judiciales procedentes en caso de no hacerlo.

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Prosigue el precepto que si el infractor persistiere en su conducta el Presidente, previa autorización de la Junta de propietarios, debidamente convocada al efecto, podrá entablar contra él acción de cesación, remitiéndose a los trámites del juicio ordinario de la LEC.Ir a Norma modificadora

La LPH prosigue regulando los trámites esenciales del posterior pleito: A la hipotética demanda, habrá de acompañarse acreditación del requerimiento fehaciente al infractor, así como certificación del acuerdo adoptado por la Junta de propietarios; además, el juez podrá acordar con carácter cautelar la cesación inmediata de la actividad prohibida, bajo apercibimiento de incurrir en delito de desobediencia. También se pueden solicitar, y en su caso el juez acordar, adoptar todas las medidas cautelares necesarias para asegurar la efectividad de la orden de cesación.

La demanda debe dirigirse contra el propietario y, en su caso, contra el ocupante de la vivienda o local.

En cuanto a los efectos de una futura sentencia estimatoria, concluye el citado precepto, que podrá disponer, además de la cesación definitiva de la actividad prohibida y la indemnización de daños y perjuicios que proceda, la privación del derecho al uso de la vivienda o local por tiempo no superior a tres años. Esta última consecuencia, de especial gravedad, depende de la trascendencia y relevancia de los hechos, así como de los perjuicios ocasionados a la comunidad. Incluso, si el infractor no fuese el propietario (piénsese por ejemplo en un inquilino), la sentencia podrá declarar extinguidos definitivamente todos sus derechos relativos a la vivienda o local, así como su inmediato lanzamiento.

Lo cierto, es que este tipo de procedimientos -recordemos que se sustancia por los trámites del juicio ordinario-, resultan, en ocasiones largos, lo que casa mal con la urgencia que estas situaciones requieren. Además, el problema principal que suelen plantear es de prueba, por lo que es fundamental que por la Comunidad se acredite de forma clara e inequívoca las actividades molestas.

En GTM somos expertos en este tipo de procedimientos… No dude en pedir asesoramiento sin compromiso.

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